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 partir del 16 de mayo de 2019, de manera obligatoria, las facturas deberán pagarse a más tardar a 60 días contados desde su recepción, y el no pago del documento acarreará la generación de intereses y comisiones por mora. Norma que no distingue el tipo y tamaño de la empresa o sector en que opera, afectándolos a todos por igual, sean micro, pequeñas, medianas y gran empresa.

Una de las normas revolucionarias de los últimos tiempos en apoyo a las micros y pequeñas empresas,  es aquella que entra a regir a partir del 16 de mayo del 2019,  el denominado “pronto pago de las facturas”, contenida en la ley N° 21.131, publicada en el Diario Oficial el 16 de enero de 2019, que tiene por objetivo promover el pronto pago de las deudas contraídas a través de facturas por la prestación de servicios o venta de productos, por lo cual se establecen plazos, regulando el no cumplimiento de los mismos, garantizando intereses y comisiones por mora en el pago de las facturas, y se dejan sin efecto las cláusulas abusivas que vulneran los derechos de las partes conforme a la ley.

Esta nueva norma se integra a las ya establecida en la ley N° 19.983, del 15 de diciembre de 2004, que otorga el mérito ejecutivo a la copia de la factura, y al N° 7 del Art. 23 del Decreto Ley N° 825, de 1974, sobre el acuse de recibo respecto de facturas electrónicas, normas que buscan establecer mayor simetría entre las empresas de menor tamaño y las grandes empresas en cuanto al cobro de tales documentos, o en su defecto, utilizarlos como fuente de financiamiento formal.

Los principales problemas que presentan las micro y pequeñas empresas respecto del cobro de tales documentos, en lo particular, son los siguientes:

  • Los plazos excesivos de pago por parte de las grandes empresas, donde estas últimas obtienen liquidez a expensas de las micros y pequeñas empresas.
  • Falta de transparencia en la determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales. Al establecer certeza en el plazo de pago, se podrá proyectar la organización a corto plazo y su desarrollo productivo.
  • Una vez devengado el IVA, con la emisión de la factura, los proveedores deberán enterar el débito fiscal del IVA en arcas fiscales, a pesar de que tales documentos no hayan sido pagados. Asimismo, el deudor podrá hacer uso del crédito fiscal que representa el IVA de las facturas, a pesar de que no las haya pagado, en otras palabras, se hace uso del crédito fiscal del IVA con cargo al capital de los proveedores.

En este sentido, la Conapyme ha manifestado que una de las malas prácticas de las grandes empresas es el cambio unilateral de las condiciones de pago a 60, 90 y 180 días, después de la entrega de los productos o prestación del servicio, acarreando esto un riesgo respecto del financiamiento operativo de estas empresas. Asimismo, la asociación gremial de la Cámara Chilena de la Construcción de Antofagasta ha argumentado que, en el caso del retraso del pago de la minera BHP Billiton a los proveedores mineros de 30 a 60 días, “afectará severamente a las pequeñas y medianas empresas dedicadas a las obras de construcción con mandantes mineros, lo cual incrementará el desempleo y contribuirá a aumentar el clima de incertidumbre y pesimismo local derivado de la situación nacional”.

Evidentemente que estos retrasos en el pago de las facturas afectan a las micro y pequeñas empresas en sus relaciones con el sistema bancario y financiero, cotizaciones laborales y tributarias, y en este sentido, la ley N° 21.131, de 2019, viene a regular los plazos de pago de las facturas, establecer el derecho a cobrar intereses cuando se produce la mora en el pago, considerándose aquellas  condiciones  abusivas, y por tanto, dejándolas nulas, y además del cobro  una comisión por recuperación de pago en mora.

Las disposiciones de la ley N° 21.131, son de aplicación general al no distinguir por tamaño o tipo de empresa, ni tampoco por sector. Esta norma aplicará a todas las empresas que son emisores y receptoras de facturas. Aplicándose esta disposición a todos los emisores de facturas en territorio nacional, sin distinción.

La norma establece, como regla general, que los plazos de pago de las facturas son a 30 días; no obstante, las partes podrán acordar un plazo mayor por mutuo acuerdo, siempre que conste por escrito y suscrito por las partes y no constituya abuso para el acreedor, y este acuerdo se encuentre además inscrito en el “Registro de acuerdos con plazo excepcional de pago” , que lleva el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.  Cabe advertir que esta norma entra a regir a partir del mes 25 de publicada la ley (desde el 16 de mayo de 2021, según lo informa la web del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo), y durante los primeros 24 meses de vigencia de esta medida, es decir, a partir del 16 de mayo de 2019, el plazo máximo de pago de la factura será a 60 días, contado desde su recepción.

En todo caso, cualquiera sea el plazo convenido por las partes, la norma establece que no producirán efecto alguno las cláusulas o estipulaciones que intenten demorar indebidamente el pago de la factura al vendedor o prestador del servicio, catalogándose ciertas cláusulas abusivas.

La norma establece que el no pago de la factura dentro del plazo señalado, implicará el cobro de interés desde el primer día de mora hasta la fecha de pago, el cual corresponderá  a un interés igual al interés corriente para operaciones no reajustables en moneda nacional de más de noventa días, por montos superiores al equivalente a 200 unidades de fomento e inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento, que rija durante dicho período, en conformidad a la ley Nº 18.010, sobre las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero.

Adicionalmente, la norma establece una comisión fija por recuperación de pago en mora equivalente al 1% del saldo insoluto adeudado.

Respecto de los organismos públicos, se establece como norma general que se deberán pagar las facturas dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a la recepción de la factura o del respectivo instrumento tributario de cobro, y excepcionalmente, se podrá establecer un plazo de pago de hasta 60 días, si se encuentra establecido en las bases de la licitación o contratos directos, esta circunstancia deberá sustentarse en motivos fundados.

Para proceder a los pagos, se requerirá de manera previa el acuse de recibo conforme, sin embargo, se podrá hacer el pago en forma previa en las contrataciones de montos inferiores al límite fijado por la ley N° 19.886 sobre compras públicas y su reglamento que se hagan por medios electrónicos.

El no pago pago oportuno dentro del plazo señalado, además de la generación de interés y comisiones por mora, generarán las responsabilidades administrativas de los funcionarios que pudieran corresponder.

Considerando el legislador el carácter de mal pagador que tienen las instituciones públicas, especialmente las del sector Salud y las municipalidades, se estableció que el plazo máximo de pago es de 30 días corridos para todas las facturas emitidas por empresas de menor tamaño, esto es, a partir del 1 de junio de 2021, respecto de los Servicios de Salud, sus redes asistenciales y su Central de Abastecimiento y de las Municipalidades. A partir del 1 de junio de 2022 no habrá distinción del tamaño de la empresa que emita la factura.

Adicionalmente, esta norma establece que serán inoponibles a los cesionarios (ejemplo: un factoring) las notas de crédito y débito emitidas respecto de facturas irrevocablemente aceptadas.

Otro aspecto relevante a considerar que contempla esta norma consiste que, a partir del 16 de enero de 2020, las guías de despacho deberán emitirse solo en formato electrónico. ¿Entonces que sucederá si se cae el sistema eléctrico o la red de internet? ¿Cómo se venderá? Tema no resuelto, ni considerado por los legisladores en la historia de la Ley N° 21.131, de 2019.

Una de las disposiciones que contempla esta norma, y que dará que hablar en los próximos meses, consiste en la obligación que tiene el Servicio de Impuestos Internos, de presentar a las comisiones pertinentes de las Cámaras del Senado y Diputados, un informe que analice la factibilidad técnica de otorgar el Crédito Fiscal del IVA en el período del pago total de la factura, obligación que se debe efectuar el 16 de enero de 2020.

Como hemos comentado en los párrafos anteriores, la revolución que presenta esta ley para los efectos del cobro de las facturas acarreará cambios importantes a las políticas de pago de las entidades, así como también a la modificación o adaptación de sus softwares que presentan estados de pagos de 30, 60, 90, 120, 180 días o más días, considerándose, además, las sanciones por mora.  Todas las novedades llevarán a que los profesionales se incorporen en la aplicación de esta nueva norma de pronto pago de las facturas, considerando sus particularidades y las complejidades propias de esta nueva política de pago y de financiamiento que se integra en nuestra normativa.

LEY NÚM. 21.131

 

Gobierno presenta nueva propuesta en Reforma Tributaria para conseguir apoyo de la oposición

16 Abril 2019

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Hasta la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llegaron los ministros Felipe Larraín y Gonzalo Blumel a detallar la nueva propuesta de medidas compensatorias progresivas con las que se pretende recaudar US$177 millones.

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, se presentó esta tarde a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer la nueva propuesta del gobierno con la que buscan obtener el apoyo de la oposición para hacer avanzar el proyecto.

El secretario de Estado llegó a presentar varias medidas compensatorias progresivas con las que se recaudará US$471 millones. De este total, US$106 millones serán por limitar el beneficio IVA a la construcción, otros US$177 millones por el beneficio de uno por ciento de inversión en regiones. Se suman US$52 millones tributación de los rescates de seguros de vida con ahorro, US$56 millones al limitar el uso del market maker, y US$80 millones la modificación de los umbrales de la norma que grava la ganancia de operaciones extranjeras

Entre otras medidas, el ministro Larraín anunció la incorporación de la norma antielusión para retiros desproporcionados en relación con la participación en la sociedad y también eliminar la exención de contribuciones de los predios forestales, exceptuando el bosque nativo, y el beneficio de esto irá directamente a las municipalidades.

Larraín comentó como otro anuncio que los retiros efectuados de un seguro de vida con ahorro serán gravados con impuesto a la renta.

 

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Michelle Bachelet firma proyecto que elimina el FUT y sube a 25% impuesto a empresas

31 Marzo, 2014

La Presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de reforma tributaria que busca recaudar en torno a 3 puntos del Producto Interno Bruto y que se calcula en unos US$ 8.200 millones.

En medio de una gran expectación política y también del mundo empresarial,  la mandataria confirmó el aumento del impuesto de primera categoría de 20% a 25% al año 2017, la eliminación del polémico FUT al 2018, y la derogación del DL 600.

Adicionalmente, el proyecto contempla una reducción del impuesto a las personas desde un 40% a un 35%, medida que no se aplica para el Presidente, ministros y parlamentarios que seguirán pagando un 40% ”No vamos a legislar para subirnos los sueldos a nosotros mismos”, afirmó Bachelet.

El proyecto también contempla medidas para hacer frente a la elusión y evasión tributaria.

En relación a los incentivos tributarios, la presidenta dijo que las micro y pequeñas empresas contarán con mecanismos de depreciación instantánea, tanto a bienes nuevos como usados, lo que les permitirá rebajar su inversión de las utilidades del primer año.

Como medida de aplicación transitoria, las empresas medianas y grandes podrán usar el mecanismo de depreciación instantánea hasta por un año desde la publicación de la ley.

“En el actual contexto de desaceleración económica, estamos muy consientes de su importancia en la generación de empleo”, comentó Bachelet.

El proyecto ingresará mañana al Congreso con urgencia simple.

(fuente: La Tercera online)

 


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Operación Renta 2014

La  Declaración de Renta 2014 se inicia el 1 de abril y, desde el año pasado, los contribuyentes pueden optar a la rebaja de impuestos por gastos de educación.

¿Qué significa este beneficio?

Permitirá a una familiar ahorrar hasta $102.562 (4,4 UF) por cada hijo, siendo sólo los padres los destinatarios de este dinero, sin considerar quién es el apoderado o quién paga la institución de educación.

¿Cuáles son los requisitos?

- Las renta anual total entre ambos padres no pueden exceder los 792 U.F. es decir $18.461.172 al 31 de diciembre del 2013.

- En caso de que los padres estén divorciadostambién se considera el monto de referencia anterior.

- Tener uno o más hijos, menores de 25 años, que cuenten con un certificado de matrícula emitido por una institución de enseñanza preescolar, básica, diferencial o media, reconocida por el Estado.

- Tener uno o más hijos, menores de 25 años, que cuenten con un certificado de matrícula emitido por una institución de enseñanza preescolar, básica, diferencial o media, reconocida por el Estado.

Nomina de Instituciones Reconocidas por el estado

- Dentro de este mismo punto, el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 85%, excepto si tienen algún impedimento justificado o casos de fuerza mayor.

- Dentro de este mismo punto, el alumno debe tener un mínimo de asistencia del 85%, excepto si tienen algún impedimento justificado o casos de fuerza mayor.

¿Cómo realizo el trámite?

Ambos padres, por común acuerdo, antes de realizar la declaración pueden firmar una declaración jurada simple explicando cuál será el beneficiario del 100% del dinero. Si no realiza este trámite, ambos recibirán la mitad correspondiente.

Para conocer cuánto es la rebaja a la que puede acceder, el Servicio de Impuestos Internos (SII) recomienda utilizar el Simulador de Beneficio, donde podrá verificar si puede postular y el monto del descuento.

(fuente: 24 horas.cl)

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